El post del día de hoy está dirigido a la noticia que ya inunda los diarios de nuestro país y extranjeros. Como ya sabrán, el Estado hice de público conocimiento su interés de ubicar directores en las diferentes empresas de las que es accionista. Las variadas respuestas no se hicieron esperar, tanto a favor como en contra, posicionando este tema en boca de todos los argentinos.
Vamos a iniciar cronológicamente. Todo comienza con las AFJP que eran las encargas de cuidar, invertir, etc, los ahorros de los futuros jubilados. Las AFJP invertían el dinero que poseían de manera de poder hacer frente a los futuros pagos, una vez que los aportantes se jubilaran. El Estado las obligaba a invertir en tenencias argentinas, ya sea acciones o bonos. Acá fue cuando las AFJP volcaron mucho de su dinero a distintas empresas, nunca llegando a superar de manera individual el 5% de propiedad de alguna de estas empresas. Igualmente, la ley las limitaba en este sentido ya que aunque fuesen dueñas de más del 5% de una compañía, sólo podían votar en las asambleas por hasta un 5%.
Cuando el Gobierno decide nacionalizar todas las AFJP y pasar los ahorros de los jubilados a manos de la ANSES, todos las poseciones que tenían obviamente pasaban a manos de la ANSES. En este momento fue que el Estado, a través de la ANSES, pasó a ser accionista de 42 empresas argentinas y en 32 de estas, tenía más de un 5% de propiedad, mucho más. Muchos recordarán al entonces Presidente Nestor Kirchner diciendo que ahora todos los argentinos eramos dueños de Nordelta, ya que a través de la ANSES se poseía el 25% de Consultatio (compañía desarolladora de Nordelta). Pero cuando la ANSES logró esta propiedad de alrededor de 25% en empresas como Siderar, Banco Macro, Telecom, Consultatio y otras más, se le puso un freno recurriendo a la ley del 5% (más arriba les dije que sólo podían votar por hasta un 5%).
Entonces el Estado designó sólo un Director en cada empresa, en algunos casos bienvenidos en otros sumamente luchado su ingreso. Pero en estos días, el Estado está buscando posicionar directores de acuerdo al porcentaje de propiedad en cada empresa argumentando que de esta manera estarían cuidando de forma más cercana el ahorro de los argentinos. Economistas, como Martín Lousteau, están saliendo a defender la decisión argumentando que en otros países este tipo de decisión es tomada de manera correcta. Él mismo da el ejemplo de Francia, que con un porcentaje de propiedad de un 15% gestiona a la automotriz Renault.
Pero yo no estoy del todo seguro que este movimiento del Estado sea del todo cierto. Muchas veces, en negociación, se pide algo exagerado para que luego la contraparte lo rechace y después deba acceder a otro pedido. O sea, el Estado puede estar diciendo que quiere meter directores en las empresas para que luego las empresas lo rechacen. De esta manera, después puede pedirle a las empresas otra cosa distinta como por ejemplo que adquieran una gran parte de los bonos que emite el Estado.
En unos pocos días vamos a saber si lo que el Estado está pidiendo está dispuesto a llevarlo hasta las últimas instancias.
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Vuelvo a pulicar una caricatura de la revista inglesa The Economist. En este caso vemos una alusión a la prohibición, impulsada por Sarkozy, de utilizar el velo en la vía pública.
